La huelga de Escondida fue un negativo precedente de lo que serán las relaciones laborales de aquí en adelante y de cómo el Gobierno estableció el conflicto como herramienta de “discusión” entre las partes.
Fuente: pulso.cl
Hace algunos días conocimos el costo de la huelga que por 44 días tuvo paralizada a Minera Escondida a principios de año. Si el primer semestre de 2016 sus utilidades fueron de US$527 millones, el primer semestre de 2017 fueron de sólo US$50 millones. Una disminución de 91%. Esto no es sólo una pérdida para el mundo privado, sino también para el erario nacional; los impuestos asociados que se pagaron este primer semestre fueron de US$72 millones, a diferencia de los US$227 millones pagados en el mismo período del año anterior.
Estos datos son conocidos en momentos en que el cobre reportó su mejor trimestre desde el año 2010, con un alza de 8,7%, y si bien, como muchos analistas señalaron, el precio ha menguado desde que alcanzara los US$3,13 la libra el 5 de septiembre pasado, el panorama futuro es alentador, toda vez que en 2018 el precio se mantendría en números cercanos, y superiores incluso, a los US$3 la libra. Esta información es de suma relevancia, puesto que el sindicato de la minera se acogió a una extensión forzada del contrato colectivo por 18 meses, lo que significa que a mediados del próximo año ambas partes deberán volver a negociar.
En ese sentido, la Reforma Laboral que aprobó este Gobierno, y que buscaba una supuesta “modernización de las relaciones laborales”, un “mejor clima laboral” y “más y mejor empleo”, con sólo seis meses de vigencia ha demostrado sendos problemas en su implementación, en especial en lo referido a la definición de servicios mínimos y su consiguiente judicialización. Es por ello
que la huelga de Escondida fue un negativo precedente de lo que serán las relaciones laborales de aquí en adelante y de cómo el Gobierno, so pretexto de una actualización laboral, estableció el conflicto y la intransigencia como la principal herramienta de “discusión” entre las partes.
*El autor es investigador área legislativa Fundación Jaime Guzmán.