La Subsecretaria de Previsión Social, Jeannette Jara, afirmó esta mañana que la ley de inclusión laboral de personas con discapacidad y pensionados de invalidez, publicada en junio pasado, “materializa la premisa básica de las sociedades modernas, en virtud de la cual todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.
En un diálogo ciudadano realizado en la Gobernación Provincial de Talagante, que tuvo la asistencia de más de 120 personas, la autoridad agregó que uno de los argumentos que inspiran dicha legislación es el hecho de que el trabajo no es sólo una “fuente de ingresos, sino que un factor de dignificación”.
Así, manifestó que, “por tanto, ha sido nuestra obligación empezar a proveer los medios que garanticen a personas con discapacidad y pensionados de invalidez, en igualdad de condiciones, el acceso al mundo del trabajo y a la protección que brinda la seguridad social para el resto de los trabajadores del país”.
La ley de inclusión de personas con discapacidad y pensionados de invalidez establece, entre otros elementos, una reserva del 1% de los puestos de trabajo que existan en organismos del Estado, civiles y castrenses, y en empresas del ámbito privado con 100 o más trabajadores.
En Chile, de acuerdo al Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad (2015), el 20% de las personas de 18 años y más, tienen algún tipo de discapacidad. Es decir, son más de dos millones seiscientas mil personas a nivel nacional, la mayoría de las cuales señala estar inactiva o desocupada. Sólo el 39,3% declara tener empleo.
“Esta norma civilizadora tendrá igualmente efectos positivos en la seguridad social de estos trabajadores”, manifestó la Subsecretaria Jeannette Jara. Añadió, en esa línea, que por un lado les permitirá allegar más recursos para su vejez o cesantía, pues con una fuente laboral formal pueden cotizar en el sistema previsional, y mejorar el cálculo de algunos beneficios de la seguridad social. Entre ellos, los de accidentes del trabajo o los subsidio por incapacidad laboral, que se “determinan sobre la base de los ingresos similares de los demás trabajadores, de modo que hoy, si éstos eran inferiores al ingreso mínimo, percibían un beneficio equivalente a su ya menguada remuneración, vulnerándose de esta manera principios fundamentales de la seguridad social como la uniformidad y suficiencia”, explicó.