Expertos definieron que los precios de las prestaciones reguladas constituyen los ingresos del concesionario por la explotación de estos.
Fuente: emol.cl
E y N
Un revés sufrió el MOP ante el Panel Técnico de Concesiones, en el marco de la discrepancia que la concesionaria del aeropuerto de Santiago, Nuevo Pudahuel, mantiene con la autoridad, en torno a si las tarifas máximas de los servicios regulados del terminal ya tenían incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), o si este debe entenderse como un recargo sobre la cantidad de dinero o precio estipulados en las bases de licitación.
El Panel determinó en su recomendación que los precios de los servicios aeronáuticos y no aeronáuticos comerciales constituyen los ingresos del concesionario por la explotación de estos servicios y que las tarifas de estas prestaciones afectas a IVA, sean estas máximas o no, no incluyen Impuesto al Valor Agregado.
Los servicios aeronáuticos regulados son el sistema de embarque y desembarque, los servicios de plataforma, los estacionamientos públicos para vehículos en general, los estacionamientos para trabajadores del Aeropuerto, el sistema de procesamiento de pasajeros y equipaje, el servicio de gestión de la infraestructura asociada al transporte público, y el servicio de gestión de terminales de carga.
En su presentación, la concesionaria había señalado que la posición del MOP de incluir el IVA en los precios de los servicios altera el equilibrio económico y financiero de la concesión y que de mantenerse le causa un detrimento económico sustancial.
Las diferencias entre el MOP y la concesionaria se originaron antes de que esta asumiera la gestión del terminal, cuando entre agosto y septiembre de 2015 publicó las tarifas de los servicios regulados que prestaría a los usuarios desde octubre de ese año y para el año 2016 en el sitio web de Nuevo Pudahuel.
Ante esto, el 30 de septiembre ese año, el inspector fiscal comunicó a la concesionaria que sus precios informados daban cuenta de "un cargo de IVA que resulta improcedente en el marco de la presente contratación".
Pero en octubre, la concesionaria impugnó lo resuelto en el oficio mediante un recurso de reposición, que fue rechazado por el inspector. El tema escaló a la Dirección General de Obras Públicas, que resolvió en 2016 de igual forma que en las instancias anteriores.