Si no hay arreglos al esquema impositivo, es probable que los efectos de la reforma sigan presentes durante, al menos, los cuatro años del próximo Gobierno.
Fuente: pulso.cl
ANTE LA posibilidad de un próximo Gobierno de Chile Vamos ha resurgido la discusión tributaria, esta vez en torno al grado adecuado de revisión de la reforma que en esta materia llevó a cabo el actual Gobierno. Más allá de lo obvio, que es corregir las complejidades e imperfecciones técnicas que envuelve la legislación tributaria vigente, la pregunta más relevante es sobre la conveniencia de reducir la tasa de tributación que afecta actualmente a las utilidades empresariales. Una revisión del actual impuesto a las rentas empresariales llevaría a subir otros impuestos para mantener la recaudación, o a bajar gastos fiscales. Dada la precaria situación fiscal del país, posiblemente ambos ajustes serían necesarios, y ambos representan una dificultad de tipo político para llevarlos a cabo. Pero esa dificultad debe ser contrastada con las consecuencias económicas, y también políticas, de mantener inalterada la estructura de tasas de impuestos que afectan hoy a las rentas empresariales.
El alza en los impuestos a las utilidades empresariales creó un desequilibrio que se corrige a través de menor inversión por un período de tiempo. La velocidad del ajuste pendiente depende del ritmo al que se reduce el stock de capital -su tasa de depreciación- y de la tasa a la cual crece el PIB. En un contexto de bajo crecimiento del PIB ese ajuste toma años, y lo probable, si no hay correcciones, es que los efectos de la reforma vayan a seguir presentes durante, al menos, los cuatro años del próximo Gobierno. A estos efectos deben sumarse los propios de la Reforma Laboral que, dependiendo de la intensidad de uso de trabajo en la empresa de que se trate, pueden representar una carga muy superior a la de la Reforma Tributaria.
Una economía encaminada a reducir su intensidad en capital, debe remunerar menos al trabajo para mantener pleno empleo. En definitiva, como indican los análisis más establecidos en finanzas públicas, la "incidencia" de un mayor impuesto a la renta empresarial -esto es, quien paga el impuesto- en un mundo con capitales móviles entre países, es sobre los trabajadores. La importante conclusión de esos análisis es que la contrapartida de la mayor recaudación fiscal por mayores impuestos a las empresas es el menor nivel de salarios laborales. Ese fue el proceso iniciado por las reformas tributaria y laboral, que, salvo correcciones, tomará unos años completar. Elegir no innovar en materia tributaria (y laboral) no es dejar atrás un problema; es decidir prolongar por años una situación desgastante en términos de equidad (los trabajadores pagarán el impuesto), en términos de crecimiento económico y en términos de gobernabilidad.
Las reformas tributaria y laboral de este Gobierno reflejan una mala comprensión de la forma en que opera la economía. Un nuevo Gobierno debe buscar corregir el error, para suspender un ajuste que sólo ha comenzado. Prolongar un período de bajo crecimiento y oportunidades de trabajo limitadas tiene consecuencias políticas serias.