La mayor penetración de los medios de pago electrónicos tiene una serie de externalidades positivas, que es necesario sopesar al analizar posibles perfeccionamientos al marco regulatorio actual.
EL GOBIERNO ingresó recientemente el proyecto de modernización tributaria, el que además de cumplir una promesa de campaña, responde a un anhelo transversal del mundo empresarial por simplificar y desarrollar un esquema impositivo que favorezca el ahorro y la inversión.
Para lograr esto, el gobierno se autoimpuso diseñar un proyecto que no reduzca la recaudación. En esta línea, la iniciativa incorpora la boleta electrónica (+US$1.181 millones) como uno de los instrumentos esenciales al momento de compensar la menor recaudación derivada de otras medidas. Esto permitirá al SII realizar una fiscalización más precisa, ya que monitorearía en línea las transacciones comerciales.
La fiscalización pasará de la calle al análisis estadístico, permitiendo al SII una mayor eficiencia y focalización en el uso de los recursos, sobre todo porque podrá detectar -como consecuencia de la obligatoriedad de la factura electrónica- eventuales inconsistencias entre las compras y ventas de una empresa. Esta mayor precisión fiscalizadora se convertirá en un poderoso agente inhibidor para la informalidad.
Un elemento adicional, que contribuirá a lograr los objetivos planteados, es la masificación de los medios de pago electrónicos. Actualmente, en nuestro país casi la mitad de las transacciones de consumo final se pagan con efectivo, mientras que en economías desarrolladas el uso de los medios de pago electrónicos oscila entre el 80% y el 90% de las transacciones, dejando poco margen al pago con dinero físico. El uso de éste, reduce la capacidad fiscalizadora y amplía los focos de evasión. Es por esta razón, que la masificación de instrumentos como la tarjeta de prepago, no solo contribuiría a mejorar los niveles de inclusión financiera en el país, sino además sería un poderoso complemento a la boleta electrónica, para reducir los niveles de informalidad.
En vista de esto, es necesario perfeccionar el actual marco regulatorio, para que más actores del mercado financiero, puedan emitir tarjetas de prepago. Actualmente, por razones regulatorias, las sociedades de apoyo al giro (SAG) emisoras, están impedidas de emitir este tipo de instrumentos. En los próximos meses dos importantes actores pasarán a constituirse como SAG, sumándose a las que actualmente operan en el mercado, lo que dejará a los responsables de casi el 90% de las emisiones de tarjetas de crédito del país, impedidos de emitir en forma directa tarjetas de prepago, como complemento de su oferta crediticia.
La mayor penetración de los medios de pago electrónicos tiene una serie de externalidades positivas, que es necesario sopesar al analizar posibles perfeccionamientos al marco regulatorio actual. Contribuyen a la seguridad ciudadana al disminuir el uso de circulante en las calles y reducen los costos de transacción, con evidentes incrementos en la productividad país.
En nuestra etapa de desarrollo, el camino para ser considerados una economía avanzada, no es la identificación de balas de plata, que, al usarlas, nos catapulten en forma inmediata cerrando las brechas en nuestro nivel de progreso. Más bien, la última milla hacia el desarrollo, está compuesta de múltiples perfeccionamientos en el ámbito sectorial, que es necesario identificar y abordar, entre los que, sin duda, está la modernización del esquema tributario y la masificación de los medios de pago electrónicos.
Fuente: www.pulso.cl