Si bien existe interés y disposición por parte de los altos directivos a incorporar prácticas éticas en el desarrollo y gestión de empresas, esto se contrapone con el desconocimiento respecto de a quién le compete dicha tarea.
Los casos de colusión y malas prácticas al interior de las compañías han abierto el debate respecto de la necesidad de fortalecer la cultura ética en las empresas. Una situación que no solo debiese responder ante las demandas de los consumidores, sino que también a cómo los trabajadores podrían verse afectados por las problemáticas al interior de las organizaciones por las políticas que no son materializadas.
Según el estudio "Clima ético en las empresas", realizado por el Centro de Ética Empresarial del ESE Business School de la Universidad de los Andes, el 47% de las firmas no cuenta con un presupuesto anual específico destinado al control de malas prácticas (ver infografía). Y de las que sí lo tienen, el 30% está bajo los $60 millones.
Junto con lo anterior, los mismos gerentes encuestados -de las 74 firmas que participaron- declaran desconocer quién cumple con la inspección en el cumplimiento de estas labores (38%).
El académico de Ciencias Económicas y Empresariales de esa casa de estudios, Javier Pinto, explica que el alto porcentaje de compañías que no cuentan con un presupuesto propio para abordar la ética empresarial resulta bastante contradictorio, teniendo presente los emblemáticos casos de colusión que se han conocido en los últimos años. "Es deseable que la totalidad de las empresas destine un presupuesto para estas materias, pero también es relevante que la gestión de la ética empresarial dependa de una gerencia profesional y efectiva en su ejecución, donde la profesionalización al interior de las compañías sea una cuestión estratégica", afirma Pinto.
Rafael Raga, director de Proquialitas, consultora que colaboró en la elaboración del estudio, apunta a que esto podría deberse a que aún no está lo suficientemente instalada la relación entre quiebres de confianza y el impacto en la reputación de la compañía. "En este sentido, podrían considerarse nuevas metodologías de trabajo para ponderar efectivamente los riesgos éticos en los procesos de toma de decisiones", explica.
En cuanto al desconocimiento de quién realiza las labores de fiscalizar el cumplimiento ético de los trabajadores, Pinto destaca el avance que ha tenido el mercado hacia las gerencias de asuntos corporativos, áreas responsables de implementar estas políticas y velar por su cumplimiento. "Sin embargo, todos sabemos que 'lo que es de todos, es de nadie'. Si la ética empresarial es un asunto relevante, entonces es esencial que sea responsabilidad de una gerencia especializada que dialogue con los demás", comenta.
Es así como ha surgido una preocupación global en torno al tema, lo que ha generado la necesidad de iniciativas estandarizadas que promuevan el control y la mejora de la ética empresarial en los países, explica Fadua Gajardo, gerente de Gobiernos Corporativos y Formación de Clientes de EY Chile.
OCDE recomienda normativas estándares
Cerca de dos décadas han pasado (1999) desde que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) diera inicio a las recomendaciones en materia de gobiernos corporativos.
A Chile, sin embargo, le queda mucho camino por delante, donde los casos de colusión, fraudes financieros, uso de información privilegiada e incluso el financiamiento irregular de la política han provocado que la confianza hacia el sector empresarial se encuentre por los suelos, en opinión del managing partner de Transearch Chile, Cristián Duarte, quien agrega que "una de las principales razones que podrían explicar el escalamiento de estas situaciones son las poco significativas sanciones penales y los beneficios superiores a los costos".
Es aquí donde los sistemas de monitoreo internos (auditorías, evaluaciones, encuestas, entre otros) de las empresas juegan un rol fundamental.
Fernando Gaziano, socio de Risk Advisory de Deloitte, señala que las instituciones "más preocupadas por el tema cuentan con oficiales de cumplimiento, ejecutivos cuya labor es velar tanto por los riesgos regulatorios y ética internos como por los externos; junto con estar atentos a prevenir, monitorear y evaluar las conductas que atentan contra la ética o los valores de las compañías".
Fuente: www.emol.com